Pocos días antes de la última Navidad, la Cámara de Casación Penal de Paraná dictaminó que se diera por finalizada la clausura del juicio que había comenzado en octubre en Gualeguaychú y dispuso que a la brevedad reiniciara con una nueva terna de jueces.
A fines de octubre el Tribunal de Gualeguaychú resolvió clausurar el juicio sobre el ex funcionario de Urdinarrain, Javier Broggi, por la aparición de una nueva supuesta víctima de abusos. La causa debía volver a etapa de investigación, pero las partes acusadoras llevaron la causa a Casación y el 22 de diciembre se conoció el dictamen del órgano de alzada.
La Cámara de Casación Penal de Paraná decidió darle continuidad al juicio que se le sigue al ex director de Cultura de Urdinarrain, acusado de corrupción de menores de dos hechos ocurridos en 2002/2003.
El juicio comenzó en octubre en Gualeguaychú después de un largo tiempo de espera. En la primera audiencia, que se realizó el día posterior a las elecciones nacionales, declararon tres supuestas víctimas, de las cuales solo dos eran las querellantes. El testimonio brindado por la tercera víctima fue la que modificó todo el esquema.
La defensa de Broggi, a cargo de Rubén Gallardo, solicitó que sea incorporada como una nueva denuncia y que el juicio quedara clausurado, para volver todo a foja cero. Finalmente, la Justicia se inclinó hacia el argumento de la Fiscalía y Broggi será enjuiciado por lo supuestamente acontecido con dos víctimas.
La audiencia en casación fue clave para destrabar la discusión y volver a juicio. El recurso fue presentado por el Fiscal Coordinador, Lisandro Beherán, y los representantes de la parte querellante, Estela Esnaola y Darío Carrazza, contra la resolución dictada el 27 de octubre por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, integrado por Alicia Vivian, José Alberto Seró y Mariano Martínez.
En esa ocasión el Procurador General de la Provincia, Jorge García, ratificó lo solicitado por el coordinador de fiscales de Gualeguaychú, Lisandro Beherán en su recurso de Casación y calificó el caso de “gravedad institucional” en relación a la tutela judicial efectiva, remarcando que el rol del Ministerio Publico Fiscal es el de la representación de las víctimas.
Argumentó que es parte de la estratégica de la acusación la decisión de llevar adelante dos casos, en los cuales se considera que no se da lugar al pedido de prescripción de la causa, porque se trata de una metodología de trabajo.
García pidió que se deje a la Fiscalía probar los hechos en estos dos casos y luego se puedan traer a juicio otro u otros. Por su parte, Gallardo destacó que el Tribunal de Gualeguaychú en su resolución garantizaba la constitucionalidad del proceso y señaló que si existía un plan de la Fiscalía lo querían conocer con anticipación para poder enfrentarlo desde la defensa.
Finalmente, se dispuso que reiniciara el juicio tal como se venía desarrollando, pero han transcurrido poco más de tres meses y hasta el momento no se confirmado fecha de reanudación. Incluso, el debate no fue incorporado en la agenda de abril del tribunal local.
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