Un fax dirigido a Interpol Argentina con tres líneas en portugués fue suficiente para que fuera formalmente oficializada la detención de Leandro Martínez en la Triple Frontera. Hoy se realizará el pedido a Cancillería argentina para iniciar los trámites de extradición y juzgarlo por el crimen de Estela Alberto.
Mucho se ha hablado en los últimos días sobre Leandro “Coño” Martínez y su detención el sábado por la noche cuando intentaba cruzar desde Ciudad del Este a Foz do Iguazú. Esta información se conoció de forma extraoficial a través de contactos que realizó Interpol Brasil con sus pares argentinos, pero fue recién ayer pasado el mediodía que el vecino país oficializó que había aprehendido al joven de 22 años buscado en Argentina por el homicidio de una mujer de 73 años.
¿Cómo sigue la historia? Desde el Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú se elaborará hoy el pedido formal de extradición que la jueza del Tribunal Penal, Alicia Vivian, deberá avalar con su firma, donde se deja asentado a Cancillería que el detenido en Brasil interesa a los fines judiciales en Argentina para ser juzgado.
Todos los trámites burocráticos serán responsabilidad de Cancillería, que actuará bajo los convenios bilaterales entre ambos países. Posteriormente, Martínez será llevado a Brasilia para el juicio de extradición, donde se informa y se fundamentan los motivos por los cuales Brasil lo extradita. Es un paso netamente formal, pero que seguramente llevará varias semanas.
Actualmente está alojado en la Comisaría Segunda de Foz do Iguazú y tras todos los pasos legales, será trasladado a Gualeguaychú, donde aguardará con prisión preventiva el inicio del juicio en su contra.
Leandro Martínez está seriamente comprometido por las pruebas genéticas que se obtuvieron del cuerpo de Estela Alberto. Habrían encontrado rastros de su ADN y esto habría originado que decidiera escapar de su prisión preventiva un día antes del juicio, en agosto del año pasado. Enfrenta una acusación de robo y abuso seguido de muerte, que le puede acarrear una pena de hasta 35 años de cárcel.
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