Tras muchos años de inactividad, la investigación que se inició en junio de 2012 por supuestas estafas a las arcas del club de calle España, podría dar un paso importante en solo dos meses.
Luego, se llamaría a indagatoria y podrían originarse los primeros procesamientos. Al momento, no hay imputados.
La realidad deportiva de Central Entrerriano en la actualidad es muy diferente a lo que ocurría hace solo cuatro años atrás, cuando la Justicia allanó las oficinas del club y secuestró 114 cajas con documentación para investigar una supuesta mala administración que dejó a la institución en la ruina económica.
A principios de junio de 2012, se allanaron las oficinas del club y las del presidente Leonardo Abraham, por supuestas irregularidades económicas y por la faltante de casi 19 millones de pesos. En aquella oportunidad, se secuestró tanto material que se llenaron más de 50 cajas con documentación, y además se incautaron cuatro computadoras que fueron peritadas por la Dirección de Inteligencia Criminal del a Policía de Entre Ríos, que investigó los discos rígidos y los mensajes de textos del ex Presidente de la institución rojinegra.
La causa estuvo en manos del entonces juez de Instrucción N°1, Eduardo García Jurado, que tildó a la investigación como “mucho más compleja que la causa de la Tesorería Municipal”, y que por ello había puesto durante cuatro horas diarias “a dos personas de su juzgado dedicadas exclusivamente a la apertura de las 114 cajas que hay secuestradas bajo el nombre ‘Administración del Club Central Entrerriano’”.
Incluso, a pocos meses de iniciarse la investigación, había adelantado: “Llevamos más de 30 cajas abiertas, pero este caso ha resultado tan complejo que incluso el Fiscal General de la Provincia, Jorge García, ha dicho públicamente en Gualeguaychú durante una jornada de capacitación, que será necesario nombrar a los tres fiscales para que actúen en la causa”, señaló el magistrado y aclaró que por el momento el único fiscal que interviene es Guillermo Biré”.
Del 2012 a la actualidad
Pero del 2012 a la actualidad ha pasado mucha agua por debajo del puente y muchas de las cosas que debían ser no fueron. En febrero del 2013 se implementó el actual sistema de Justicia; García Jurado pasó a ser miembro del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú y la causa comenzó un derrotero por distintos juzgados hasta quedar actualmente, en manos del juez de Garantías y Transición, Mario Figueroa.
Esta es una de las pocas causas residuales que quedan del sistema mixto que funcionó en la jurisdicción de Gualeguaychú hasta el 2013, y por iniciarse bajo esa órbita sigue siendo materia del Juez encargarse de la investigación y no del Ministerio Público Fiscal, como lo es en la actualidad.
Desde entonces se han realizado diferentes medidas probatorias con la anuencia de los magistrados que tuvieron la causa en su despacho y en la actualidad rige un estricto secreto de sumario. Solo se sabe que aún se continúa con las pericias contables, las cuales son las pruebas fundamentales para el futuro de la causa.
Pero además de toda la burocracia judicial que perjudicó el avance de la investigación, existió otro detalle que dilató más los tiempos.
Según explicó una fuente cercana a la investigación: “no hay peritos contables en la jurisdicción, es decir, nadie quería hacerse responsable de las pericias de esta causa tan grande y emblemática porque había muchas personas afectadas”.
De la denuncia penal, por la faltante de casi 20 millones de pesos, a los acreedores que se presentaron al concurso en el Juzgado Civil y Comercial, hay una diferencia abismal. Solo tres millones fueron acreditados y por eso es materia del Fuero Penal investigar y verificar el dinero que giró por otros mercados. Es decir, se debe establecer el objeto de la denuncia.
Desde que la causa recayó en manos de Figueroa, ha llevado por lo menos un año fijar los peritos contables. Durante ese tiempo se sorteaban a los profesiones y uno a uno se iban excusando de participar, por tener supuestos intereses en la causa, o porque tenían un allegado o una relación de amistad, o porque eran miembros de esa comisión directiva.
La causa hoy
Actualmente hay una contadora de la jurisdicción de Gualeguay y otro de Gualeguaychú que están realizando las pericias, y hay muchas expectativas en que ellos finalicen los trabajos en dos meses. Después de ello, y con el informe que elaborarán, será materia del Juez de Transición analizar si hubo dolo o no, y permitirá realizar los primeros llamados a indagatoria.
Hasta el momento no hay calificación en la causa, solo se investigan supuestas estafas reiteradas. Es decir, todo continúa en los albores, pero esta prueba será clave. Podrían originarse procesamientos y se estima que podrían ser más de una las personas afectadas.
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