El detenido tiene 44 años y existía un pedido de captura en relación a una causa por narcomenudeo que se desarrolló en Gualeguaychú el pasado fin de semana. Lo aprehendieron cuando caminaba por calle Estrada.

El sábado se desarrollaron en Gualeguaychú cuatro allanamientos simultáneos en diferentes viviendas del barrio de Pueblo Nuevo y en el barrio Munilla. Durante estos procedimientos se secuestró cocaína y marihuana y se trasladó a siete personas a Jefatura para ser identificadas, de las cuales hubo dos jóvenes de 29 y 30 años que quedaron detenidos.

Tras esto, y como existía una orden de detención vigente por parte del Juzgado de Garantías, personal de la División Toxicología detuvo hoy por la tarde a un hombre de 44 años y lo trasladó a Jefatura por estar relacionado con los procedimientos del pasado fin de semana.

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Roberto Eliseo Núñez, el hombre de 37 años que fue detenido a principio de esta semana vinculado a varios robos de agencias de quinielas y una panadería, recibió una prisión preventiva hasta el lunes porque podría definirse su situación judicial. El año pasado escapó de la cárcel.

Este delincuente, que en los últimos meses se lo conoce como “el rompevidrios” debido a su modalidad delictiva de explotar las vidrieras para luego robar lo que tenga a su alcance, fue protagonista de una historia muy particular a fines de mayo de 2017. Fue el primer preso en escapar de la Colonia Penal El Potrero.

Había ingresado hacía dos semanas a la UP9, luego de recibir una condena  de un año de prisión efectiva por los delitos de hurto agravado por escalamiento y hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. El domingo 28 de mayo, tras haber recibido visitas, protagonizó una pelea con otro interno en el Pabellón 2. Por disposición de las autoridades carcelarias, ambos presos fueron llevados a la Guardia de la Unidad mientras esperaban una sanción, pero durante ese lapso de tiempo, Núñez rompió la cerradura de una puerta y trepó por un costado del portón de ingreso a la cárcel.

Uno de los guardias alcanzó a observar el escape y persiguió a Núñez, que corrió por la Ruta 136 en dirección al Puente Internacional, pero al notar que era perseguido, se internó en un campo y se perdió en la oscuridad de la noche. Los guardias realizaron un rastrillaje que duró hasta la madrugada, pero les fue imposible dar con el prófugo.

Fue recién el martes 30 de mayo al mediodía que el personal de la Comisaría Quinta, encabezados por el subcomisario Raúl Guido, lograron dar con el paradero de Núñez.  El procedimiento se realizó en el barrio La Cuchilla III, en la vivienda de su pareja, en Rosario y Manzoni, pero cuando el buscado sintió el arribo de los móviles policiales al lugar decidió escapar por la parte trasera de la casa. Se refugió en un domicilio vecino y fue aprehendido.

Núñez ya había sido condenado en noviembre del 2016 a cumplir una pena de 6 meses de prisión efectiva por un hecho ocurrido el 3 de julio de ese mismo año, cuando ingresó a una vivienda en Rosario y Jaime de Nevares, y se apoderó de 5 mil pesos y ropa. Pero en esa ocasión, el defensor subrogante Pablo Ronconi no renunció a los plazos de impugnación porque le solicitó al Juez de Ejecución de Penas que su defendido sea beneficiado con trabajos comunitarios. Le concedieron poco más de mil horas de trabajo comunitario, que luego le fueron revocados y unificados con la pena dictada el 16 de mayo por robos y hurtos.

En fin, luego de toda esta historia de delitos y de su última condena, Núñez terminó de cumplir su deuda con la Justicia de un año de cárcel en la Unidad Penal 2, pero tras recibir la libertad volvió al delito. Fue aprehendido en la madrugada del 16 de octubre pasado en la Costanera, por explotar la vidriera de una pizzería en 25 de Mayo y Caseros.

La detención se produjo alrededor de las 2 en la esquina de Urquiza y Morrogh Bernard, luego de un llamado que recibió la Policía por parte del propietario de una pizzería situada en 25 de Mayo casi Caseros al que le habían roto el vidrio de la puerta con una piedra con fines delictivos.

En la detención se le encontró un navegador satelital (GPS), que sustrajo de una agencia de quiniela ubicada en Urquiza y Alsina, de donde solo se constató el faltante de un GPS de similares características. También es el mismo al que se le adjudican los dos robos que sufrió la agencia de Quiniela “La Mosca Loca”, ubicada en Montana y Ángel Elías, en menos de 48 horas, además de otro robo a la panadería La Bombonera ocurrido el sábado 20.

El miércoles fue indagado por la fiscal Natalia Bartolo y el fiscal Facundo Álvarez, que tuvieron durante sus turnos los distintos hechos que se le imputan. En definitiva se lo acusó por “daño, robo en grado de tentativa, robo simple y robo simple por violación de domicilio”. Núñez no declaró y ayer se le dictó una prisión preventiva por 5 días. En caso de ser condenado nuevamente – posiblemente la semana próxima – la pena que recibirá será indefectiblemente de prisión efectiva.

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Luis Ernesto Marchesini fue propietario de varios prostíbulos en Gualeguaychú, pero tras la prohibición de ellos orientó su vida a la explotación sexual de una mujer que lo denunció y originó su detención en agosto de 2015. Tres años después, con más de la mitad de su condena cumplida, logró la prisión domiciliaria y volverá con la mujer a la que obligó a prostituirse.

Marchesini es un personaje conocido en la noche de Gualeguaychú. Este hombre de poco más de 60 años, oriundo de San Isidro en la provincia de Buenos Aires, fue regenteador del  prostíbulo “Tentación” en Urquiza y Nágera, y de otro en Pueblo Belgrano. Pero cuando la ordenanza municipal que prohibió la existencia de este tipo de comercio se hizo efectiva en Gualeguaychú, Ernesto Luis Marchesini debió cerrar sus negocios y buscar otras alternativas.

Esa alternativa que encontró llegó de la mano de otro delito: la trata de personas. Fue encerrado en la Unidad Penal 2 y muy rápido fue trasladado a la cárcel de Concepción del Uruguay, donde cumplió la condena hasta la actualidad, qye recibió el beneficio de continuar su sentencia en su casa debido a cuestiones económicas.

El 13 de agosto de 2015 por la madrugada, una mujer se comunicó con la línea 145 del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y denunció que “su pareja  Luis Marchesini la hacía prostituir en la calle, en Gualeguaychú”. En su desesperado relato contó que lo había conocido en Santa Fe y que engañada con tener una vida mejor, viajó a la ciudad del carnaval.

Juntos vivieron en un domicilio de Primera Junta 487, esquina Libertad; durante cinco meses, y durante ese lapso de tiempo, Marchesini la obligó a prostituirse. La víctima mencionó que no la dejaba salir de la casa ni volver a Santa Fe, y que lo que la retenía eran sus tres hijos menores de edad. En su denuncia indicó que quedaban al cuidado de una niñera cuando ella debía estar en la calle.

En ese contacto telefónico contó todo lo que pudo y fue clave, primero para rescatarla de la explotación, y segundo para llevar a Marchesini ante la Justicia Federal. Mientras hablaba por el celular, Marchesini la vigilaba a una cuadra de distancia y refirió no poder realizar la denuncia en ninguna comisaría porque – y según sus propios dichos – Marchesini conocía a los policías.

Es obvio que una persona que se encuentra captada y en una situación de vulnerabilidad como lo estaba esta mujer, es imposible que pudiera tener un teléfono celular propio. Fue gracias a un cliente que le prestó su celular para llamar a su madre primero y luego a la línea 145, que se supo todo lo que estaba padeciendo.

Cuando su madre se enteró por la propia voz de su hija lo que estaba padeciendo, no dudó en viajar de inmediato a Gualeguaychú. Desde los organismos federales se desplegaron todos los protocolos y el Juez Federal de Concepción del Uruguay ordenó un allanamiento que se cumplió ese mismo 13 de agosto a las 23.45.

Cuando los gendarmes del Escuadrón 56 de Gualeguaychú arribaron al inmueble de Primera Junta y Libertad se encontraron con un móvil policial de la Comisaría Cuarta que había llegado al lugar alertado por una pelea familiar. Allí se constató la presencia de la víctima, en claro estado de nerviosismo, la madre de ella que recién había llegado desde Santa Fe, los hijos menores de la denunciante y Ernesto Luis Marchesini.

El juicio

En el Tribunal Oral Federal de Paraná se realizó a fines de agosto del 2017 el juicio contra Marchesini, imputado de “promoción y facilitación de la prostitución de persona mayor de 18 años, agravado por ser el autor conviviente de la víctima”.

El fiscal Leandro Ardoy indicó que había quedado probado que la víctima conoció a Marchesini en Santa Fe cuando tenía 24 años; mientras estaba inmersa en una situación de precariedad laboral y de una situación de violencia familiar, “sintió que Marchesini la protegía”. “Ella se fue enamorando y el imputado fue tejiendo una telaraña hasta captarla, al prometerle un mejor nivel de vida y trabajo, hasta que logró que se mudara a Gualeguaychú”, argumentó.

“Se incrementaron los celos como mecanismo de control y manipulación y, al regreso de uno de sus viajes a Santa Fe, el 3 de marzo de 2015, la invitó a ir a bailar para hacerla luego bajar del auto a comprar profilácticos y mandarla a prostituirse a la calle. Unos días después ella se negó y Marchesini le respondió con violencia física”, explicó Ardoy.

La mecánica consistía en llevarla él o mandarla en remís. No dejaba que se repitieran los clientes y la vigilaba desde una cuadra, diciéndole que era para cuidarla. Marchesini le ponía el precio a los encuentros sexuales: $ 350 la media hora y $ 700 la hora; e incluso le ordenaba los moteles a los que debía concurrir. Marchesini distribuía el dinero que ella obtenía y retenía casi todo; sólo le daba algo para comprar el alimento para sus hijos.

Toda esta situación de explotación sexual duró cinco meses hasta que la mujer hizo la denuncia, mientras estaba con un cliente, que no podía creer lo que le estaba pasando. Producto de su relación con Marchesini, el 1º de abril de 2016 nació su hijo menor. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná lo condenó a cumplir una pena de 5 años de prisión, pero tan solo un año después consiguió que lo enviaran a su casa.

¿Cómo lo logró?

En una audiencia realizada el pasado 30 de agosto, Marchesini volvió a insistir en algo que pidió en el final del juicio y no se lo tuvo en cuenta. Solicitó la prisión domiciliaria aduciendo problemas de salud que acarrea desde hace tiempo y que se han incrementado durante su vida en la cárcel.

Pero en lo que más profundizó fue en la situación económica que padece “su mujer” y madre de su hijo de 3 años que viven en Gualeguaychú. Mencionó que el niño es “hiperactivo” y que no puede quedarse solo, que los medios económicos con los que cuenta son escasos, que sobreviven con el pago de la asignación universal y del ingreso de un alquiler de una propiedad en Santa Fe, pero que estos ingresos están destinados a cubrir los gastos de la vivienda en Gualeguaychú.

Marchesini alegó que si se le concedía la prisión domiciliaria podía cuidar a su hijo mientras su mujer sale a trabajar, algo que actualmente se le imposibilita. La mujer subsiste con parte del dinero que ingresa por el alquiler y con una Asignación Universal por Hijo de 3000 pesos que recibe mensualmente.

Todos estos alegatos fueron tenidos en cuenta por los jueces del Tribunal que a la hora de concederle la domiciliaria decidieron que se requiera al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica la realización del informe de viabilidad para el domicilio en el que va a vivir en Gualeguaychú y luego que se realicen las gestiones para la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica.

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Ariel Carlos Juárez cumplía una prisión domiciliaria con tobilleras electrónicas en un hospedaje ubicado en Patico Daneri y San Juan porque debía enfrentar un juicio por un robo en Ceibas. El 21 de agosto escapó junto a Miguel Toledo.  Anoche lo atraparon en Córdoba.

Miguel Toledo, de 55 años, y Ariel Carlos Juárez de 42, debían presentarse en los Tribunales de Gualeguaychú para ser juzgados el 22 de agosto por un robo calificado con uso de armas ocurrido en Ceibas, en donde asaltaron una parrilla vestidos de policías. Ambos son oriundos de Córdoba, y estaban con prisión domiciliaria con tobilleras electrónicas en un hospedaje ubicado en Patico Daneri y San Juan, pero en la noche del 21 de agosto escaparon y no se supo más nada de ellos.

Dos meses y medio después, y como resultado de un trabajo investigativo realizado por la División Investigaciones de la Jefatura de Gualeguaychú, en conjunto con personal policial de la provincia de Córdoba, se detuvo a Juárez en la localidad de Arroyito.

La Policía cordobesa investigó el informe brindado por la Policía de Gualeguaychú, en donde se aportaron domicilios y otros lugares que podrían frecuentar los prófugos, y tras una larga espera se localizó a uno de ellos.

Juárez será trasladado a Gualeguaychú en la proximidad para enfrentar al Tribunal de Juicios en el debate que le quedó pendiente. El juicio se desarrolló normalmente con los otros tres acusados que quedaron en Gualeguaychú. La jueza Alicia Vivian condenó el 22 de septiembre a Javier Rolando Silva a 4 años de cárcel y Walter Víctor Telechea a 3 años y medio, mientras que Miguel Grando – que también fue señalado como coautor del hecho ocurrido el 25 de mayo – se lo declaró inimputable.

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Según resultados de la autopsia, los bebés mellizos de Villa Elisa fallecidos en agosto de 2017, resultaron intoxicados por veneno para cucarachas. Habían ingresado al hospital de Concepción del Uruguay con un edema pulmonar.

Se confirmó que los mellizos de un año y cinco meses fallecidos en agosto de 2017 en el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, resultaron intoxicados por veneno para cucarachas cuyo nombre comercial es Cuca Kill y el genérico, meticlorpirifol.

Se recordará que los pequeños murieron con pocas horas de diferencia y cursando un cuadro similar, tras descompensarse en la ciudad de Villa Elisa cuando permanecían en casa de su abuela mientras sus padres trabajaban.

Según la autopsia, en su momento se conoció que los mellizos habían muerto a causa de un edema pulmonar, pero hasta el momento no se sabía qué lo había causado.

El fiscal de la causa, Alejandro Perroud, a pesar de que en las muestras que habían levantado en la casa de la abuela de los pequeños no habían logrado recabar nada que les pudiera haber causado la muerte, había indicado algún tipo de veneno.

Los hechos

El 29 de agosto de 2017, uno de los menores fue internado descompuesto y con vómitos en el hospital de Villa Elisa. Desde allí lo derivaron al Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, donde finalmente murió a la medianoche. El otro mellizo, que hasta el momento no presentaba ningún cuadro, comenzó a vomitar, motivo por el cual lo trasladaron también al nosocomio uruguayense, donde falleció alrededor de las tres de la madrugada del miércoles 30 de agosto de 2017. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue de Oro Verde, donde se realizaron las autopsias correspondientes.

A raíz de esta situación, la Justicia de Colón, de la mano de su juez de Garantías y Transición, Natalia Céspedes, y a pedido del fiscal Alejandro Perroud, realizó dos allanamientos. El primero fue en una vivienda ubicada en la ruta 26, donde vivía el padre de los niños, de 30 años. El otro procedimiento fue en una finca de Villa Elisa, donde se identificó a una mujer de 48 años, abuela de los fallecidos, con quien se encontraban cuando se descompusieron, reseñó APF.

El Fiscal Alejandro Perroud, a cargo de la investigación, explicaba que los pequeños “habrían ingerido o consumido alguna sustancia que podría haber provocado su muerte”.

Se recordará que en la casa de la abuela, en Villa Elisa, en calle Francou, se incautaron varias cajas de medicamentos; tres mamaderas plásticas; un recipiente con leche; restos de comida; jeringas plásticas; veneno para cucarachas; venenos para moscas y animales; un pañal con restos; un teléfono celular y recetas médicas.

En el primer informe de los médicos forenses se descartó de plano una muerte violenta, por alguna enfermedad o muerte súbita, dejando abierto el camino a la posibilidad de una ingesta que se cotejó con las pruebas recolectadas en las viviendas de los abuelos y de los padres.

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La escena fue desesperante. Mientras unos 30 niños jugaban y merendaban en la plaza del barrio Molinari, se desató una discusión que terminó muy mal.

Según contaron vecinos a ElDía –que por miedo a las represalias a las que están expuestos prefirieron mantener el anonimato–, la tarde del miércoles se desarrollaba con absoluta normalidad; cerca de 30 niños merendaban y jugaban, acompañados de algunos padres y parte de la comisión vecinal del barrio Molinari, cuando toda la atención se trasladó a los pocos metros.

“Mientras los nenes jugaban al fútbol, en la zona de transformador –entre el grupo 2 y 3, denominación que le quedó a las zonas del barrio que se inauguró en 1999–, se empezaron a ver movimientos raros. De las discusiones pasaron a las trompadas y a los piedrazos, con los nenes a poso metros”, contó un vecino que fue testigo de los hechos.

“La desesperación fue grande, los padres que estaban en el lugar no sabían cómo hacer para pararlo, algunos nenes se asustaron y lloraban, y otros se acercaban al lugar para ver qué pasaba. Fue un momento horrible”, describió una mujer que vive en el complejo habitacional, parte del plan de autoconstrucción “Mil Viviendas”, conformado por 284 casas, desde el primer día.

Los propios vecinos llamaron a la Policía (jurisdicción de la Comisaría Octava), “pero cuando llegaron ya se habían dispersado, ya no pasaba nada”, lamentaron.

Pero el hecho no fue aislado. La violencia, la droga y los hechos delictivos son moneda corriente en la zona hace varios años. “Estamos cansados de vivir así, pendientes de lo que pase afuera, pendientes de que no nos entren a las casas”, se quejaron, al tiempo que contaron que ya tuvieron contacto con el jefe de Policía, Carlos Pérez, quien se comprometió en reunirse con ellos en los próximos días.

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Michael Joelle Fittipaldi Ferreira, un uruguayo de 21 años, detenido el lunes pasado junto a un menor y a otro adolescente en la Ruta 14, recibió una pena de prisión condicional y como regla de conducta debió fijar su domicilio en Montevideo.

Fittipaldi fue llevado ante el juez de Garantías, Tobías Podestá por la fiscal Carolina Costa, debido a la imputación que le formalizó el martes por el delito de robo simple en grado de tentativa. Su abogado defensor, con el consenso del acusado y de la Fiscalía, acordó una prisión condicional por el plazo de 6 meses. Pero además, como principal regla de conducta, debió fijar un domicilio y lo hizo en su Montevideo natal, a donde regresó tras realizado el juicio abreviado.

El hecho por el cual fue llevado a juicio sucedió el pasado lunes por la mañana. Ese día, y en compañía de un joven de 19 años y de un menor de 17, Fittipaldi ingresó al campo “Puesto Blanco”, ubicado en el kilómetro 16 de la Ruta 14, de donde sustrajo dos postigos de una ventana.

Tras ello, la Policía que fue alertada de lo que estaba sucediendo, realizó un rastrillaje por la zona y descubrió a los tres jóvenes escondidos en la banquina, cargando los elementos sustraídos. El menor por ser inimputable fue sobreseído, como así también el joven de 19 años, quedando Fittipaldi como único y exclusivo autor del robo.

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La fuerza federal intervino en el procedimiento por orden del Juzgado de Garantías de Gualeguaychú, a raíz de una investigación que realizó la propia Prefectura. Secuestraron marihuana y cocaína y los aprehendidos serán llevados a la Jefatura de Policía.

El procedimiento se realizó a primera hora de la mañana en el barrio san Cayetano, en calle Troisse. Allí se ingresó a un domicilio y se detuvo a dos hombres que rondan entre los 20 y los 40 años y se secuestró 300 gramos de marihuana y la misma cantidad de cocaína, que significan “unas 1288 dosis de marihuana, 1920 de cocaína” en el mercado narco. Además se incautaron balanzas de precisión; celulares y dinero en efectivo.

Tras la implementación de la Ley de Narcomenudeo en la provincia de Entre Ríos, las órdenes para los procedimientos dejaron de ser pura y exclusivamente de los Juzgados Federales. Desde mayo de este año, los Juzgados de Garantías de Entre Ríos están habilitados para emanar este tipo de órdenes y son las fuerzas que realizan las investigaciones las encargadas de los procedimientos.

En este caso fue la Prefectura naval quien llevó a cabo el operativo que comenzó a las 7 y se extendió hasta el mediodía, en el barrio ubicado en las inmediaciones del Polideportivo. Fue como consecuencia de una investigación que realizó el propio personal de la fuerza cuando tomó conocimiento de una supuesta tenencia y comercialización en la zona.

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El Ministerio Público y el querellante, Alfredo Vitale, recurrieron a Casación. El Defensor Público también acudió a la siguiente instancia para tratar de bajar los 27 años de condena que dictó el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú a principios de octubre.

En el juicio realizado en septiembre se había requerido la pena máxima para Leandro “Coño” Martínez, por ser el autor del homicidio de Estela Alberto, pero los jueces se inclinaron por una pena temporal que para obtener los primeros beneficios habrá de cumplirla casi en su totalidad.

Entre este joven de 25 años y la víctima, Estela Alberto, no había vínculo y para la Justicia la muerte de esta mujer de 73 años se cometió a causa de un robo, en donde además existió un abuso sexual con acceso carnal. Pero las partes acusadoras no quedaron conformes con esto y es por ello que decidieron recurrir la sentencia a la Cámara de Casación. También lo hizo la defensa, con la expectativa que este órgano de alzada disminuya la pena dictada en Gualeguaychú.

¿Qué dice el Código al respecto?  El artículo 165 especifica: “Se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio”. Pero además, la pena  agrava con el abuso sexual con acceso carnal. Según indica el artículo 119, “la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías”.

Para la presidenta del Tribunal, Alicia Vivian, y para los dos vocales que coincidieron de forma unánime, Arturo Dumón y Mariano Martínez, no caben dudas que Martínez fue el autor del crimen ocurrido el 25 de diciembre de 2014, en el interior del domicilio de Estela Nélida Alberto, ubicado en calle las Azucenas, a 100 metros de calle Gervasio Méndez, del barrio 348.

Leandro Martínez ingresó a la vivienda y golpeó con su puño el rostro de la víctima, ocasionándole heridas cortantes, hematomas alrededor de ambos ojos, y otras lesiones que la podrían haber dejado inconsciente a la mujer de 73 años. Luego sustrajo todo lo que encontró de valor, revisó las carteras que fueron encontradas abiertas junto a la damnificada, y luego la agredió sexualmente. La penetró vía vaginal y anal, al punto de provocarle lesiones internas y externas en la zona genital.  Estela Alberto murió 24 horas después en el Hospital Centenario a causa de los golpes y las agresiones recibidas.

Los jueces fundaron parte de sus argumentos condenatorios por homicidio en ocasión de robo, concursado con abuso sexual con acceso carnal, basándose en la declaración del médico forense Marcelo Benetti, que determinó que la muerte de Alberto no fue consecuencia del acto abusivo sino de la violencia ejercida en primera instancia para perpetrar el desapoderamiento.

Actualmente, y desde que fue trasladado desde Brasil tras ser capturado en la Triple Frontera, Martínez mantiene una prisión preventiva que se ha ido prorrogando con el correr de los días. Está alojado en la Unidad penal de Gualeguay y continuará en ese lugar hasta que la sentencia adquiera firmeza o se dicte un nuevo fallo.

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Hace cuatro años le introdujo un arma de fuego en la boca y la vagina, y la mantuvo encerrada cinco días golpeándola. Recibió una condena por ello, pero luego se casaron. Tras una nueva separación, el hombre de 36 años fue detenido el jueves cuando trató de entrar a la casa con un arma.

Carlos Riera

Es imposible narrar el presente de esta historia sin retrotraerse a todo lo que pasó en agosto de 2014. Una joven de 22 años se presentó en la Comisaría del Menor y la Mujer, en un claro estado de nerviosismo y miedo, acompañada de su hijo de dos años, para relatar todo lo que había padecido durante los últimos cinco días.

Todo el hecho se desarrolló en una casa del barrio La Cantera, en calles Asisclo Méndez y Buenos Aires, en el domicilio donde convivía la pareja. Al parecer, la mujer habría intentado ayudarlo en un problema de adicciones, lo cual no tuvo una buena recepción y esto habría sido el motivo que desencadenó la violencia.

El hombre trabajaba como ordenanza en la Escuela Técnica 3 y aprovechando que disponía de varios días no laborables, mantuvo a su pareja prisionera en su propia habitación. Desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de agosto, y según consta en la denuncia a la que accedió ElDía en esa ocasión, la mujer fue víctima de todo tipo de maltratos psicológicos y físicos, como golpes con un garrote de hierro y cortes en piernas, brazos y espalda con una cuchilla.

Pero el extremo de la violencia se profundizó cuando el hombre la amenazó con un arma de fuego y luego se la introdujo en la boca y en la vagina. Este tipo de episodios habrían sido reiterados, pero lo que la víctima sufrió en esos últimos cinco días no tenía precedentes.

La joven logró escapar en un momento en que el hombre abandonó el domicilio. Corrió y pidió ayuda en una casa vecina, y de allí fue acompañada, con su hijo de dos años en brazos, hasta la Comisaría del Menor y la Mujer. De sede policial fue trasladada de inmediato al Hospital Centenario, donde se hicieron presentes el Delegado Judicial y el Médico Forense, que constataron las lesiones provocadas, principalmente la de los cortes en brazos, piernas y espalda.

El agresor fue imputado de privación ilegítima de la libertad y lesiones, en concurso real con abuso con acceso carnal, y se le dictó una prisión preventiva por 30 días. Luego de ello, en diciembre de 2014, fue llevado a juicio por los delitos de “privación de libertad agravada por haber sido cometida con violencia y lesiones leves dolosas agravadas por ser realizadas en perjuicio de la pareja y por violencia de género” y recibió una condena de prisión condicional de dos años y medio.

Hasta ahí es una terrible historia de las que tanto ocurren en Gualeguaychú, como en otras ciudades. Había dictámenes de prohibición de acercamiento y otras reglas de conducta que se vieron alteradas cuando en febrero de este año, los protagonistas de esta crónica decidieron casarse.

La vida conyugal no duró mucho. En apenas unos pocos meses la pareja volvió a separarse y la joven mujer se refugió en la casa de sus padres en el barrio Don Pablo. Desde mayo a la actualidad los contactos de este hombre asiduos, desoyendo las nuevas prohibiciones de acercamiento de la Justicia de Gualeguaychú por las nuevas denuncias que se habían radicado.

Fue así que el pasado jueves, el hombre fue hasta el domicilio donde está viviendo su ex pareja y trató de colarse por una ventana.  La víctima y su padre advirtieron lo que estaba pasando y alcanzaron a ver que este hombre de 36 años estaba armado, pero al ser descubierto abandonó el lugar corriendo.

Se volvió a realizar una denuncia y fue el personal de la Comisaría Octava quienes detuvieron al agresor. Ayer se le tomó declaración de imputado por el delito de amenazas calificadas por la utilización del arma de fuego y tras esta audiencia con la fiscal carolina costa, se realizó el pedido de prisión preventiva, que el juez de Garantías Guillermo Biré concedió por 10 días. Actualmente tiene en su haber varias investigaciones en su contra por distintos hechos de lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja y mediar violencia de género,  amenazas simples,  amenazas calificadas por uso de arma y desobediencia judicial, y en poco tiempo más deberá enfrentar un juicio por todas ellas.

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El siniestro sucedió el sábado por la mañana: un VW Gol que circulaba por calle Andrade se chocó un volquete que estaba sobre mano derecha, entre Maipú y Chacabuco.

Según informaron desde la Dirección de Tránsito, el conductor debió ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital Centenario producto de las heridas del choque, y cuando se le realizaron los exámenes de alcoholemia correspondiente arrojó que tenía 1,8 grados de alcohol en litro de sangre.

Sin embargo, inmediatamente después de las primeras asistencias médicas, debió ser la Policía de Entre Ríos la que comenzó a actuar en el caso debido a que el conductor alcoholizado es miembro de la fuerza, supuestamente miembro de la división de Toxicología en la fuerza provincial de seguridad.

La alcoholemia, que es la cantidad de alcohol por litro de sangre en un individuo, está directamente relacionada con la cantidad y tipo de bebida que se tome. Si bien el límite es de 0,5 g/l, se debe tener en cuenta que concentraciones menores también aumentan el riesgo de posibles incidentes viales.

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El miércoles se realizará la audiencia de remisión de causa a juicio. La Fiscalía agotó la investigación en  poco más de 60 días y a casi tres meses del hecho podría fijarse la fecha para el debate. El imputado, Ariel Waldemar Morales, está alojado en Jefatura y enfrenta una posible cadena perpetua.

Se trata de la muerte de José María Romero, un crimen que se conoció en la mañana del 7 de agosto. La víctima tenía 84 años y fue encontrado en su departamento en calle San Martín al 338, con evidencias de que se trataba de un homicidio por robo.

Este ex Teniente Coronel del Ejército fue fuertemente golpeado por su homicida. Le colocó un precinto en cada una de sus muñecas y un tercer precinto los atravesaba a modo de esposa. Luego encintó sus manos enlazadas al cuello y lo golpeó en la cabeza y el tórax.

Cuando fue descubierto el cuerpo, Romero presentaba a simple vista evidencias de una fuerte golpiza en el costado derecho del rostro y con la autopsia se descubrió que había sido castigado severamente, dejando como secuelas marcados traumatismos de cráneo y tórax en la parte externa e interna del cuerpo.

Romero era de contar sobre sus proyectos y decía abiertamente el alto ingreso jubilatorio que percibía por haberse retirado con la jerarquía más alta del Ejército, además de lo que recibía por rentas de inmuebles. Esto se convirtió en el móvil del hecho. El autor del crimen sustrajo poco más de 100 mil pesos que el hombre guardaba en cajas de leche en distintos lugares de la casa.

Murió a causa de un paro cardiorrespiratorio originado por los politraumatismos en cráneo y tórax, pero el stress vivido también pudo ser la causal del paro cardiorrespiratorio. Se dispuso que remitieran a Paraná órganos y tejidos para estudios anatomopatológicos y estos informes fueron los últimos que esperó el fiscal Lisandro Beherán.

El imputado

Ariel Waldemar Morales fue detenido durante un allanamiento que se realizó en el barrio San Felipe de Campana dos días después de conocido el crimen. En el lugar allanado encontraron en poder del acusado el DNI y otra documentación de la víctima, el arma registrada a nombre de Romero, precintos del mismo tipo que tenía el cuerpo en sus muñecas y secuestraron un VW Gol que había adquirido por poco más de 120 mil pesos el mismo 7 de agosto.

Morales fue trasladado una semana después a Gualeguaychú, fuertemente custodiado por el Grupo Especial de la Jefatura Departamental. Este hombre de 33 años permaneció alojado en la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) de Campana, y tras su arribo a la ciudad de carnaval fue indagado por el Fiscal.

Además de la alta carga probativa propiedad de la víctima que se halló en poder del acusado, con el avance de la investigación se estableció -por parte de los peritos de Criminalística- la confirmación de los resultados positivos en el cotejo de huellas.

En la escena del crimen se habían levantado tres huellas dactilares y el peritaje arrojó que dos de estas tuvieron resultados positivos en las comparativas digitales con Morales. Este cotejo es muy importante porque esto sitúa a Morales en la escena del crimen.

La principal discusión en torno a este caso no estuvo centrada en la autoría. Para la Fiscalía las pruebas halladas en el allanamiento son suficientes, por lo cual el trabajo legal estuvo abocado a establecer la figura bajo la cual se lo iba a imputar a Morales. Las alternativas que analizaba el Ministerio Público Fiscal se resumían a un homicidio en ocasión de robo, que prevé una pena de hasta 25 años de cárcel, o si podía aplicarse el homicidio criminis causae, que conlleva una pena de prisión perpetua.

En el homicidio en ocasión de robo, el autor lo que se configura es robar, nunca matar, pero a consecuencia del accionar del robo tiene que matar porque la víctima se defiende o surge un imprevisto. En el criminis causae el asesino mata para ocultar el robo, o a los fines de que la víctima no pueda identificarlo o lo señale como autor, o porque para poder perpetrar el robo tiene que matar.

Para Beherán, el hecho que se le reprocha a Morales se ajusta a esta última figura penal. En el inciso 7 del artículo 80 se especifica: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito”.

Morales se encuentra alojado en la Jefatura Departamental desde que fue trasladado a Gualeguaychú. Se le dictó una prisión preventiva que mantendrá hasta el inicio del juicio, y por estar bajo esta condición tiene prioridad la realización del debate por sobre otros hechos que se encuentran en la agenda del Tribunal.

De consumarse el miércoles la elevación y no surja ningún imprevisto que pueda prorrogar los tiempos, es muy factible que el juicio se efectúe antes del inicio de la Feria Judicial de verano.

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Cinco maestras recibieron condenas de entre cuatro y casi ocho años de prisión por los maltratos propinados a niños en el jardín Tribilín, del partido de San Isidro.

Los jueces del Tribunal Oral Criminal (TOC) número 4 de San Isidro condenaron por el delito de “abandono de persona agravado por causar graves daños posteriores a las víctimas” a la directora y máxima responsable del establecimiento, Noemí Núñez, a siete años y siete meses de prisión.

En tanto, Sabrina Gogonza, recibió una pena de siete años de prisión; a Noelia Gallardo le dieron seis años y tres meses de condena; a Mariana Buchniv, cinco años y seis meses; y a Gisela Diap, cuatro años y seis meses.

Las cinco docentes llegaron en libertad al juicio, en el que la fiscalía había pedido diez años de prisión y los abogados de la querella una pena de doce.

Las maestras también fueron inhabilitadas para ejercer tareas relacionadas con niños por los próximos diez años.

La denuncia contra las docentes había sido realizada por un padre en febrero de 2013 cuando empezó a sospechar que su hija era maltratada en el jardín, por lo que puso un grabador en la mochila de la nena y así logró registrar durante más de cuatro horas las voces y gritos de las maestras.

Algunas de las frases de las docentes que se pudieron escuchar durante las audiencias fueron: “¿Podés sacar el cuaderno en vez de ponerte a boludear?”, “Dejá de gritar, callate, ¿Querés ir a la pileta?”, “Ponete a guardar enfermo mental”.

Los menores que iban al jardín en esa época tenían entre 3 y 5 años, los cuales quedó comprobado, para los jueces, que eran “amenazados” y “agredidos”.

Los magistrados determinaron que “las conductas maltratadoras” de los docentes, se dieron en “un marco institucional”, mientras que dejaron secuelas posteriores entre los niños.

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El delincuente oriundo de Gualeguaychú que purgaba una condena por secuestro, tortura y prostitución de una adolescente de 15 años cuando mató a Jéssica Ocampo en la Unidad Penal 2, tiene bajo amenaza de muerte a todos los presos del pabellón 16 de la cárcel de Paraná.

En el pabellón 16 de la Unidad Penal N° 1 de Paraná hay 105 internos. Entre ellos está Marcelo Schiaffino, un hombre de 44 años que se hizo tristemente célebre por los terribles delitos que cometió en Gualeguaychú. Esta vez, los presos del mismo pabellón denunciaron en el diario UNO que “tiene aplicada a mucha gente, vive amenazando a internos que quieren vivir en paz”. Por eso piden que se tomen medidas, porque “así es imposible poder purgar la condena, porque mantiene a todo ritmo el pabellón”.

Schiaffino fue condenado a 13 años de prisión por esclavizar y explotar sexualmente a una chica de 15 años en Gualeguaychú. La secuestró, la torturó y la prostituyó. Con 29 años lideraba una banda que prostituía a mujeres, integrada por su madre y sus tres hermanos, también condenados por Promoción de la prostitución.

Mientras purgaba esta condena en la Unidad Penal N° 2, en febrero de 2013 asesinó a Jéssica Ocampo, una joven de 23 años que conoció durante su vida en la cárcel y mató en una visita familiar. Schiaffino la golpeó y ahorcó delante de la hija de 1 año y medio, pero pasaron varias horas hasta que los guardias advirtieron lo que había pasado.

Schiaffino recibió una pena de prisión perpetua por el femicidio de Jéssica Ocampo y fue trasladado a la Unidad Penal de Federal, pero luego de unos años lo alojaron en la cárcel de Paraná.

En la jerga carcelaria, “aplicar” es amenazar a otros presos y sus familiares para que lleven dinero, comida y otros elementos, para no matarlos; “tirar a la cancha” es delatar; y “cachivache” es aquel que pretende manejar un pabellón.

Según el reclamo que plantearon algunos presos, Schiaffino y varios presos más habrían formado una banda, la cual amenaza y amedrenta física y psicológicamente a los otros internos. “Uno quiere purgar tranquilamente la causa y a esta persona no le interesa nada, porque tiene cadena perpetua”.

“Tiene ‘aplicado’ a mucha gente, hace llamadas a los familiares, les dice ‘traeme para tal día tanta plata y tantas cosas porque si no tu familiar va terminar en un cajón’. Hay heridos, pero todo queda dentro del pabellón, porque los mismos celadores si uno sale a hablar, te tiran a la cancha. Queremos purgar tranquilo nuestro delito pero con esta gente no se puede”, afirmó un interno.

“Se quieren hacer los cachivaches, y en este pabellón no da, porque somos gente tranquila. Todos los días lo mismo. Yo en mi caso que estoy empezando la facultad, así no puedo estudiar. Todos los días este tipo con su banda te cae al rancho a cualquier hora, te amenaza”.

“Queremos salir adelante, el 90% se siente culpable, acarrea la culpa y la cruz que uno tiene, por la familia, pero a esta gente no le interesa nada, tiene cadena perpetua”. Por otro lado, los internos destacaron que la actual dirección del penal ha trasladado a todos los “cachivaches”, pero “le está quedando este”.

Consultado el abogado que representa a los presos que plantean la queja, Horacio Barreto dijo que iba a poner la situación en conocimiento del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, a cargo de Carlos Rossi, así como a autoridades penitenciarias, “para que esto se esclarezca, ya que el fin de las cárceles es la resocialización del reo, como lo dice taxativamente la Constitución Nacional”, afirmó.

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Las cinco maestras fueron condenadas por los delitos de “abandono de personas agravado por graves daños”

Las cinco maestras del jardín Tribilín fueron condenadas por los delitos de “abandono de personas agravado por graves daños”. La justicia consideró probados los episodios de terrible maltrato a chicos de entre 2 y 3 años. Los hechos se habían conocido cuando uno de los padres había enviado a su hijo con un iPod, sospechando que lo maltrataban en el jardín.

Las docentes llegaron al juicio en libertad.

Las condenas

Noemí Núñez 7 años y 6 meses de prisión abandono de personas agravado por graves daños.

Yanina Gogonza 7 años de prisión. Abandono de personas agravado por graves daños.

Noelia Soledad Gallardo 6 años y 3 meses de prisión Abandono de persona agravado por graves daños.

Mariana Buchniv 5 años y 6 meses  de prisión. Abandono de persona agravado por graves daños.

Vanina Gisela Diap 4 años y 6 meses de prisión. Abandono de persona agravado por graves daños.

En 2013 un padre muy preocupado por el comportamiento de su hija, y por la forma en que también actuaban sus compañeros, decidió enviar a la nena al jardín de infantes “Tribilín” de San Isidro, donde era alumna, con un iPod escondido dentro de su mochila para poder entender qué ocurría en la sala.

El resultado de la grabación fue espantoso, ya que él y otros padres descubrieron que sus pequeños eran sometidos a los peores maltratos, por lo que hicieron una denuncia contra cinco maestras de la institución, lo que derivó finalmente en el comienzo de un juicio donde las docentes están acusadas por “presunto abandono de persona, amenazas y lesiones”.

Si bien el juicio debería haber comenzado en noviembre de 2016, se postergó cuando el tribunal rechazó el pedido de suspensión del proceso pedido por la defensa de las imputadas, que presentaron en ese momento diversos recursos para tratar de frenar las acusaciones.

Trascendieron terribles audios de Yanina Gogonza mientras maltrataba a los menores.

Los horrorosos audios de los maltratos

“¿Por qué te tengo que terminar cagando a palos? Callate. No te quiero escuchar más. Vas a seguir comiendo como que me llamo Yanina. Enfermo mental”, se escucha decir a Yanina Gogonza, en uno de los audios que los padres pudieron grabar.

En otra situación, la docente también le pide a uno de sus alumnos que saque el cuaderno de clases y se ponga a trabajar, y enseguida le dice de mala manera que deje de gritar y se calle.

“Dejá de gritar, callate. ¿Querés ir a la pileta? Bueno, callate. ¡Callate! Harta me tienen con los escándalos. ¿Por qué te los desatás? ¿Querés ir al baño? ¡Bueno cerrá la boca!”, le dice en la grabación, donde amenaza a uno de los chicos con “ir a la pileta”, lo que después se descubrió que significaba que las maestras le metían a los chicos la cabeza dentro de la pileta del baño.

En el mismo episodio, se escucha que otra docente le dice a los nenes que ni se les ocurra decir algo en sus casas, porque si no van a tener serios problemas.

A la hora de la comida las cosas incluso se pusieron peor, porque allí una de las maestras cuestiona a una de las nenas que había vomitado en la sala. “Decime por qué vomitaste. ¿Por qué vomitaste, pendeja de mierda? Por tu bien que hayas tragado, mogólica. ¿Estás loca, nena? Tragate lo que te puse en la boca porque vos ya me cansaste”, se escucha por último en las horrendas grabaciones.

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Fue debido a un robo cometido el sábado por la noche en una vivienda. Se estableció que el responsable del robo manejaba un Fiat Duna. Más tarde se localizó un vehículo sospechoso, que al distinguir la presencia policial comenzó una fuga que culminó en boulevard Pedro Jurado y Doello Jurado.

La Policía fue informada de un robo a una vivienda en calle Concordia, en donde habían ingresado ladrones y aprovechando que no estaban sus propietarios, sustrajeron un televisor y otros artículos electrónicos.

De las averiguaciones que realizaron los efectivos que acudieron al lugar se estableció que los autores del hecho habrían escapado en un Fiat Duna y tras ello se inició un rastrillaje por la ciudad para tratar de localizarlo. Poco más de una hora después se ubicó al rodado sospechado transitando por el centro de la ciudad.

Cuando la Policía trató de detener la marcha del vehículo, su conductor – un joven que tiene amplios antecedentes policiales y judiciales – prefirió escapar y desde allí se inició una persecución a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas por distintas calles céntricas, e incluso el conductor del Duna tomó a contramano varias arterias con el fin de perder de vista al patrullero.

La persecución se prolongó por casi 10 minutos hasta que finalmente pudo ser interceptado por otros móviles policiales que se acercaron en colaboración, en Boulevard Pedro Jurado casi intersección con Doello Jurado. En el auto se identificó al conductor de 26 años, su concubina de 24 años y a los dos menores de 15 y 5 años que estaban en el asiento trasero.

El auto fue secuestrado porque carecía de toda documentación reglamentaria para la circulación, mientras que los pasajeros mayores de edad fueron trasladadas a la Jefatura Departamental y los menores inmediatamente entregados a un familiar directo.

Luego se libró un allanamiento en el domicilio de los aprehendidos con el objeto de recolectar pruebas para esclarecer su posible participación en el robo y recuperar los elementos sustraídos, pero hasta el momento no han podido ser localizados.

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La víctima tiene 15 años y fue abordado por un delincuente cuando volvía de la escuela. Con un cuchillo lo obligó a ir hasta su casa en calle Paraguay y La Rioja. Entró a la casa y revolvió todo, pero cuando se estaba por ir, el menor le quitó el cuchillo y terminaron los dos cortados.

Un caso sin precedentes ocurrió hoy por la siesta en Gualeguaychú, en la plaza frente a la Municipalidad. Por allí caminaba un adolescente rumbo a su casa cuando fue abordado por un sujeto que simulaba ser un vendedor ambulante. Le ofreció trapos de piso y bolsas y como el menor le dijo que no tenía dinero, lo amenazó con un cuchillo para que lo llevara a su casa.

Caminaron hasta Paraguay y La Rioja, donde vive el menor junto a su familia, pero no ingresaron inmediatamente. Al percibir que el vehículo familiar se encontraba estacionado en la calle le informó a su captor que había alguien en la vivienda. Esperaron sentados en el cordón de la vereda por unos 10 minutos hasta que el ladrón le informó que iban a entrar igual.

“Durante ese tiempo le hizo sacar una fotocopia y simulaba que estaban leyendo para no despertar sospechas entre los vecinos”, contó a ElDía la madre del menor. Cuando entraron pasaron por el lugar donde estaba durmiendo la hermana del joven y se dirigieron a la habitación de los padres que no estaban en la casa.

Mientras el delincuente revolvió toda la habitación, la hermana llevó al hermanito más pequeño, de 8 años, a la escuela, ignorando que la pieza de los padres estaba el adolescente con el delincuente. Cuando ella regresó los encontró en el living y entró en estado de nervios.

El delincuente encontró durante la inspección unos 12 mil pesos que la joven guardaba para pagar la fiesta de graduación, otros 5 mil pesos que había guardado de su viaje de egresados y 7 mil pesos que la familia tenía para el pago de unos trabajos de albañilería.

Tras alzarse con un botín de dinero y de aparatos eléctricos, el delincuente pidió un “taxi”. Este fue el primer indicio de que el delincuente no era de Gualeguaychú. Cuando llegó el remis, el delincuente envió a la joven a avisarle que le informara al remisero que ya salía, pero en su lugar la adolescente le dijo que los estaban robando, pero el conductor le dijo: “yo no me puedo meter, y se fue”, indicó la madre de los menores a ElDía.

Fue en ese momento, cuando el delincuente se disponía a abandonar la casa en el remis, que el joven víctima se abalanzó sobre el delincuente y le tomó por la hoja el cuchillo. A pesar de ser cortado en el forcejeo logró quitarle el arma al delincuente y lesionarlo en varias partes de sus brazos.

El ladrón huyó con el dinero mientras los menores pedían ayuda a los vecinos. Caminó hasta una remisería ubicada en Primera Junta al 300 y abordó un remis. Mientras, los menores se comunicaron con la Policía y se inició la búsqueda del delincuente. Se localizó al sospechoso de 26 años en Luis N. Palma y Montiel, a bordo del remis, llevando consigo el dinero y con lesiones en antebrazo y mano. Fue trasladado a Jefatura Departamental y se constató que es oriundo de Ciudad Evita, partido de La Matanza.

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Roberto Eliseo Núñez, el delincuente de 37 años que mantuvo en vilo a la Policía por la modalidad delictiva de romper las vidrieras de los comercios y sustraer lo que encontraba de valor, se ajustó a un juicio abreviado y se convirtió en el condenado 50 del año en recibir una prisión efectiva.

“El rompevidrios”, así se lo bautizó a este sujeto que durante octubre golpeó a dos agencias de quiniela, una pizzería y una panadería (entre los hechos acreditados, aunque se presume su participación en otros). Su modalidad siempre fue la misma: arrojaba una piedra, escombro o cualquier elemento contundente, contra la vidriera, entraba y robaba lo que tenía a su alcance.

El 11 de octubre por la noche, aproximadamente a las 20.15, antes que la dueña de la agencia de quiniela “La Mosca Loca” cerrara una jornada laboral, Núñez ingresó al local ubicado en Boulevard Montana al 1000 y aprovechando que detrás del mostrador se encontraba la empleada, la amenazó con una supuesta arma de fuego escondida en el bolsillo de su abrigo. Le exigió la plata de la caja, pero la mujer comenzó a gritar y corrió hacia la parte trasera, dándole aviso a la propietaria. Núñez prefirió escapar, sin llevarse nada con él.

Este lugar ya había sido asaltado a principios de octubre. El miércoles 3 y el jueves 4 fue blanco de un delincuente que rompió la vidriera, ingresó al local durante la madrugada y en la primera oportunidad se llevó casi 12 mil pesos, mientras que al otro día robó los 200 pesos que la dueña había dejado de cambio. Ambos hechos se presumen que fueron causados por la misma persona y se sospechó de Núñez, pero no hubo elementos para imputárselos.

El 16 de octubre rompió con un pedazo de baldosa la vidriera de la agencia de lotería situada en calle Urquiza y Alsina; y se apoderó de un GPS, tres llaves allen para bicicletas y 30 pesos. Ese mismo día, y lo que le valió su detención, dañó la vidriera de la pizzería “Easy”, en 25 de Mayo casi Caseros. Minutos después de esto fue detenido en la Costanera, llevando consigo el GPS robado de la agencia.

Tras permanecer poco más de 24 horas detenido, recuperó la libertad y el 20 de octubre volvió a delinquir. Esta vez le tocó a la panadería La Bombonera, situada en Primera Junta y Lestonnac. Con una baldoza rompió la vidriera y se llevó 300 pesos que había en la caja, en plena madrugada.

Tras confirmarse que era Núñez el autor de este último hecho, se inició la búsqueda del delincuente e incluso se recurrió a los medios de comunicación para que hicieran pública la orden de captura. Gracias a la publicación de su rostro, la Policía obtuvo información sobre su paradero y se lo localizó durante un allanamiento en el barrio La Cuchilla el 29 de octubre.

La fiscal Natalia Bartolo consiguió que se lo mantuviera con prisión preventiva hasta el lunes 5 de noviembre, con grandes expectativas de poder cerrar el caso con un juicio abreviado. Finalmente eso fue lo que sucedió: Núñez se responsabilizó de los hechos y acordó una pena efectiva de 1 año y 6 meses de prisión a cumplir en la Colonia Penal. De esta forma, este hombre de 37 años se convirtió en el condenado 129 en lo que va del año y el número 50 que recibe una pena de prisión efectiva (los restantes 79 -por carecer de antecedentes- a penas de ejecución condicional).

El gran antecedente

Este delincuente fue protagonista de una historia muy particular a fines de mayo de 2017. Fue el primer preso en escapar de la Colonia Penal El Potrero. Había ingresado hacía dos semanas a la UP9, luego de recibir una condena  de un año de prisión efectiva por los delitos de hurto agravado por escalamiento y hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. El domingo 28 de mayo, tras haber recibido visitas, protagonizó una pelea con otro interno en el Pabellón 2. Por disposición de las autoridades carcelarias, ambos presos fueron llevados a la Guardia de la Unidad mientras esperaban una sanción, pero durante ese lapso de tiempo, Núñez rompió la cerradura de una puerta y trepó por un costado del portón de ingreso a la cárcel.

Uno de los guardias alcanzó a observar el escape y persiguió a Núñez, que corrió por la Ruta 136 en dirección al Puente Internacional, pero se internó en un campo y se perdió en la oscuridad de la noche. Los guardias realizaron un rastrillaje que duró hasta la madrugada, pero les fue imposible dar con el prófugo.

Fue recién el martes 30 de mayo al mediodía que el personal de la Comisaría Quinta, encabezados por el subcomisario Raúl Guido, lograron dar con el paradero de Núñez.  El procedimiento se realizó en el barrio La Cuchilla III, en la vivienda de su pareja, en Rosario y Manzoni, pero cuando el buscado sintió el arribo de los móviles policiales al lugar decidió escapar por la parte trasera de la casa. Se refugió en un domicilio vecino y fue aprehendido.

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Cinco miembros de una familia, entre ellos un niño de 11 años y un bebé de 1, fueron embestidos por un conductor enojado al que le recriminaron que había atropellado a su perro. El auto terminó arriba de la vereda, donde estaban las víctimas.

Pudo ser una tragedia lo que ocurrió en Ceibas el domingo por la noche, luego de finalizada la Fiesta de Doma que se realizaba en el Polideportivo, pero afortunadamente ninguna de las cinco víctimas resultó con lesiones de gravedad, aunque los menores fueron trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú para un chequeo más profundo.

Todo sucedió a las 21.30, pero en realidad fue el desenlace de un episodio que comenzó horas antes. A la familia que vive en calle Las Calandrias y Los Espinillos le atropellaron un perro durante la siesta y le endilgaron el hecho a un vecino que conducía un automóvil Fiat Palio.

Cuando culminó es espectáculo de doma y folclore que se desarrolló en el polideportivo durante el domingo, y se realizaba la desconcentración, el Fiat Palio pasó por la casa de Las Calandrias y Los Espinillos y los allí presentes comenzaron a gritarle y a insultarlo por lo ocurrido horas antes. Esto originó la desmedida reacción del conductor que arremetió contra todos los que lo insultaban sin importarle la presencia de los menores.

Ahí mismo se originó una pelea entre miembros de las dos familias vecinas, que obligó la intervención del personal del Grupo Especial y del Comando Radioeléctrico, que casualmente se encontraban en la localidad del sur entrerriano debido al evento de doma.

Un hombre de 51 años, dos jóvenes de 24 y 23 años, y los menores de 11 y 1 año, fueron trasladados al Hospital Eva Duarte de Ceibas, en tanto los niños fueron atendidos en Gualeguaychú para un mayor control. Por fortuna ninguno de ellos recibió una lesión de consideración.

Respecto al autor del hecho, tras la agresión huyó del lugar y fue buscado por la Policías hasta que decidió presentarse espontáneamente en la Comisaría. Luego fue llevado a la Jefatura de Islas, en donde quedó alojado hasta ayer por la mañana que recuperó la libertad tras ser indagado por el fiscal Pablo Obaid.

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Una adolescente de 16 años denunció en las últimas horas que fue secuestrada, golpeada y violada cuando salió de un boliche en la ciudad bonaerense de Junín y por el hecho la fiscal a cargo de la investigación pidió la detención de un relacionista público.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo el sábado alrededor de las 3:45 en la calle Chile, a unos 500 metros de la Ruta Nacional 188.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al lugar y encontraron a la chica desnuda y brutalmente golpeada en el rostro.

La menor se encontraba en estado de shock y relató que había salido del local bailable Brook cuando uno de los que presuntamente se ocupaban de las relaciones públicas del boliche la subió a su auto.

En ese momento, el acusado habría querido engañarla y llevarla a algún lugar para tener relaciones sexuales, pero ante la negativa de la joven, la habría golpeado fuertemente en el rosto, rompiéndole las prendas de vestir para luego violarla.

La menor fue asistida en el Hospital Interzonal de Agudos Abraham Piñeyro para las atenciones y contenciones psicológicas.

En tanto, el vehículo en el que presuntamente se habría producido el abuso sexual contra la menor fue secuestrado y será peritado en las próximas horas.

El personal policial trabajó en el boliche bailable donde estuvo la víctima y realizó peritajes en el lugar del hecho.

El acusado, identificado como Nicolás Tallone, tiene 26 años y tras ser detenido y declarar ante la fiscal Fernanda Sánchez quedó imputado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves en concurso real”.

La fiscal le pidió al titular del Juzgado de Garantías número 1, a cargo de la causa, José Lucchini, que convierta la aprehensión en detención de Tallone.

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